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Vicepresidente de Investigación y Estudios Avanzados de REDLAJ expondrá en el X Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional en Seúl, Corea del Sur

29 de mayo 2018

El magistrado Edwin Figueroa Gutarra, juez superior de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), será ponente en el X Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional en Seúl (Corea del Sur), denominado "Conflictos Violentos, la construcción de la paz y el Derecho Constitucional", el cual se llavará a cabo del 18 a 22 de junio de 2018.
El evento se orienta a discutir temas de actualidad como los son los conflictos que amenazan la paz mundial, la necesaria tendencia para que los estados cutiven una cultura de unión entre los países y cuánto esto tiene efectos sobre el Derecho constitucional contemporáneo.

El juez desarrollará la ponencia: "La libertad de ensañanza, terrorismo y restricciones estatales: ¿cultura de la sospecha o defensa legítima del estado?", cuyo tema ha sido presentado en español e inglés.

Parte de la ponencia es el siguiente: el Estado constitucional tiene la facultad de organizar las medidas más adecuadas para combatir el terrorismo, problema contemporáneo que demanda acciones efectivas de los estados para una efectiva defensa de los derechos fundamentales. El asunto que aludimos es complejo: el terrorismo como fórmula de acción antidemocrática, aprovecha los mecanismos de la democracia y mina las bases de ésta, situación que obliga al Estado a adoptar medidas de represión. En el caso peruano, el Estado ha dispuesto que los profesores sentenciados por terrorismo no puedan volver a enseñar. Se trata de una medida especial en defensa del derecho del alumnado a no contaminarse con un pensamiento proclive a la violencia que es muy difícil de erradicar. Sin embargo, la cuestión controversial se suscita cuando el profesor condenado por terrorismo ha cumplido su pena y sin que su caso judicial haya previsto medida adicional alguna, se vea impedida dicha persona de volver a enseñar, cuestión que puede entenderse, en apariencia, como una prolongación inconstitucional de la pena, y al mismo tiempo, como asunto contrario al derecho fundamental a no ser sancionado más allá de lo que la misma pena establece. La propuesta en este estudio parte de la idea regular de que el Estado sí puede sancionar a los condenados por terrorismo, pero esto no se puede realizar extendiendo la pena cumplida más allá de lo que la misma establece, pues ello representa afectación severa de los derechos fundamentales de quien cumplió su pena y, válidamente, el sistema legal no puede extender la pena más allá de los criterios previstos por la ley.

Por tanto, se hace necesario implementar sistemas ex posto posteriores, de fiscalización y control de la actividad de los profesores sentenciados por terrorismo, en el caso que estos volvieran a enseñar, los cuales denominamos de monitoreo. Aquí corresponde realizar una división conceptual: las medidas ex ante, o sea previas, sin examen y en rigor fuera del contexto mismo de la pena aplicada, son inconstitucionales, pues parten de la noción de extender la pena más allá de lo que la misma prevé. Esto puede derivar en temas de responsabilidad internacional de Estado.

El Estado tiene derecho a defender los valores que dan vida a la convivencia social, de un lado, y necesita, por otra parte, realizar su condición de Estado como ente social, en donde los derechos a la igualdad sean respetados en su ámbito material, es decir, de escencia y núcleo duro de los derechos de las personas. Esa práctica que debe aspirar a realizar el valor igualdad, requiere entonces de medidas adecuadas para la realización de ese fin.

De esa forma, creemos que el Estado constitucional debe asumir las cargas legítimas que le corresponden y como tal, le es inherente la adopción de medidas necesarias dentro de un sistema de respeto por los derechos de las personas. Sancionemos lo que haya que sancionar, más dentro de los límites materiales que nos imponen nuestras Cartas Fundamentales.